La liquidación del IOSFA: Negocio inmobiliario y el refugio de los fueros
De un superávit saneado a un abismo de $250.000 millones
La magnitud del vaciamiento es obscena. Informes recientes indican que la obra social pasó de tener superávit en diciembre de 2023 a una deuda astronómica estimada entre $126.000 y $250.000 millones de pesos hacia mediados de 2025.
¿Cómo se explica semejante agujero financiero en tan poco tiempo? La respuesta asoma en los cuestionados nombramientos de funcionarios cercanos a Petri, provenientes de su propia fundación, para administrar los recursos de los afiliados. Mientras la "familia militar" quedó de rehén, los fondos parecen haber tenido destinos ajenos a la salud.
Denuncias penales: El costo humano del vaciamiento
No se trata solo de números rojos; se trata de vidas. Luis Petri enfrenta denuncias penales por “administración fraudulenta”, “malversación de caudales públicos” y “abandono de persona”. La falta de cobertura médica y la interrupción en la entrega de medicamentos —incluyendo tratamientos oncológicos vitales— han dejado a 550.000 afiliados a la deriva en todo el país.
En Mendoza, la situación es desoladora: cortes totales de prestaciones y pacientes que deben elegir entre comer o comprar los remedios que la obra social ya no entrega. Esta crisis, generada por la propia gestión, es la que hoy usan como excusa para firmar la disolución a través del Decreto 88/2026.
Sedes estratégicas: El botín que Petri no nombra
Hay un punto que el relato oficial omite sistemáticamente: el valor de las sedes del IOSFA. No son simples oficinas; son propiedades de un valor inmobiliario altísimo, ubicadas en los puntos más codiciados de las ciudades argentinas, incluida nuestra Mendoza o Córdoba como ejemplos.
El nuevo decreto habilita a los directorios a "enajenar bienes muebles e inmuebles" (Art. 13, Anexo I). La sospecha es inevitable: la disolución es el marco legal para que los "socios" del poder se queden con estos edificios a precio de remate. Mientras el afiliado pierde su cobertura básica, el patrimonio nacional se prepara para una liquidación que solo beneficia a los amigos del gobierno.
La huida al Congreso
La vara moral se ha quebrado. Prometieron combatir a la "casta", pero terminaron aplicando su receta más rancia: desfinanciar lo público para justificar su cierre, repartir el patrimonio entre amigos y correr a buscar el amparo de una banca legislativa cuando las denuncias penales queman. La impunidad del relato no puede tapar que, mientras las heladeras están vacías, algunos ya tienen asegurado su refugio y sus negocios.
Por Lic. Claudio Guevara
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